El Refugio y el Asilo son instituciones de ayuda humanitaria y el tema a desarrollar basa sus conceptos en investigaciones académicas, técnicas y jurídicas, dejando de lado cualquier apasionamiento de carácter político.
En Paraguay:
La Conare concedió refugio al suspendido gobernador de Tarija en Bolivia, Mario Cossío, acusado de corrupción. La autoridad boliviana fue ex presidente cívico, diputado nacional por el MNR y ex prefecto, cargo desde el que formó parte del grupo de prefectos opositores al Gobierno.
En Brasil:
Luego de hechos de violencia en la localidad del Porvenir (Pando - Bolivia), el 11 de septiembre del 2008, decenas personas y sus familias se refugiaron en el Brasil. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 58 ciudadanos, junto a sus familias, viven en el país vecino bajo el estatus de refugiados. El viernes 14 de enero de 2011, la Conare de Brasil otorgó refugio político al juez Luis Tapia Pachi, y a los unionistas cruceños David Sejas y Lorgio Balcázar, vinculados con un presunto caso de terrorismo en Bolivia.
En Perú:
El año 2009, el Gobierno del Perú concedió refugio a tres ex ministros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003): Jorge Torres, Jorge Torres Goitia y Mirtha Quevedo, quienes son acusados por hechos de violencia en el caso “octubre del 2003”, fecha del derrocamiento del mencionado ex presidente.
Otros casos:
Los ex prefectos de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y de La Paz, José Luis Paredes, también están fuera del país. El ex presidente Sánchez de Lozada, junto a dos de sus ministros, están en Estados Unidos. De igual forma pasa con e el ex ministro Hugo Carvajal quien estaría en España.
Para la comunidad internacional, el tema de los refugiados, asilados y los desplazados por razones de persecución por motivos políticos, conflictos armados, violencia política y violaciones a los Derechos Humanos, representan una preocupación general para la seguridad nacional porque arriesgan la paz y la estabilidad regional y mundial.
Para la comunidad internacional, el tema de los refugiados, asilados y los desplazados por razones de persecución por motivos políticos, conflictos armados, violencia política y violaciones a los Derechos Humanos, representan una preocupación general para la seguridad nacional porque arriesgan la paz y la estabilidad regional y mundial.
El número de refugiados y de asilados políticos revela la magnitud del fenómeno. La población refugiada más numerosa del mundo se encuentra acogida en Irán, según ese gobierno, la población de refugiados es aproximadamente de 2 millones de personas, que corresponden a 1, 4 de afganos, 580.000 iraquíes; estos últimos incluyen Kurdos del norte y chiitas árabes del sur. Solo el 5% de los refugiados vive en 30 campamentos, mientras que los demás se encuentran dispersos entre ciudades y aldeas en todo el territorio iraní.1
Marco legal de protección internacional
El derecho internacional de los derechos humanos, va íntimamente ligado a derecho internacional de los refugiados, el que ha logrado en las últimos tiempos un significativo avance en cuanto concierne al desarrollo de las normas legales y la regulación internacional que rigen la materia y en cuanto a la regulación en los distintos sistemas internacionales.
Los instrumentos institucionales y convencionales emitidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) incorporan normas fundamentales de protección de los refugiados y asilados, lo que forman parte hoy en día del corpus iuris de la protección internacional de los refugiados.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de ese mismo año, son los instrumentos que reconocieron por primera vez luego de la Segunda Guerra Mundial (postguerra) el derecho de toda persona de buscar “asilo” por motivos de persecución, a excepción de los casos de persecución por acción judicial respecto de los delitos comunes, o en los casos contrarios a los principios de las Naciones Unidas.
En 1951 fue adoptada la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas, que tiene como fundamento la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que afirman el principio de que todos los seres humanos, sin distinciones, tienen derechos y libertades fundamentales.
La convención desarrolla el concepto de refugiado con una visión restringida
- rationae temporis - referida a la época II Guerra Mundial.
- rationae territorio - referida a espacio / Europa.
El Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1967, complementa la Convención de 1951 - ratificados el año 2000 en Bolivia - y amplia el marco de aplicación y de protección de los refugiados a los acontecimientos posteriores a 1951, disponiendo o quitando dichas limitaciones en cuanto territorio y en cuanto a la época.
La Convención contiene una serie de disposiciones aplicables a los refugiados, como por ejemplo las cláusulas de cesación de dicha condición como ser:
- Haber adquirido la nacionalidad del país de asilo o de un tercer país,
- Haber desaparecido las circunstancias que generaron el reconocimiento de la condición de refugiado;
- Comisión de delitos contra la paz, delitos contra la humanidad, delitos de guerra,
- delito cometido fuera del país de refugio antes de ser admitido como tal;
- la prohibición de la discriminación de refugiados;
Se establece el reconocimiento de algunos derechos civiles, libertades democráticas, garantías del debido proceso y derechos económicos y sociales, tales como:
- libertad religiosa,
- derecho de propiedad;
- derecho de asociación,
- derecho de acceso a los tribunales,
- derecho al trabajo,
- ejercicio de las profesiones liberales y
- trabajo por cuenta propia,
- derecho a la vivienda,
- derecho a la educación básica,
- derecho a la asistencia y socorro públicos,
- derecho a la seguridad social en caso de accidentes de trabajo, maternidad, enfermedad, invalidez, ancianidad o fallecimiento,
- libertad de circulación,
- derecho a la documentación de identidad y de viaje,
- derecho a transferir bienes al extranjero,
- derecho de protección contra las expulsiones contrarias a la Convención.
Se reconoce, asimismo, ciertas circunstancias de trato favorable para los refugiados, al igual que los nacionales; al igual que a cualquier extranjero. La Convención también establece obligaciones generales a los refugiados que hacen referencia a:
- acatamiento de las leyes nacionales y de los reglamentos,
- cumplimiento de medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público. Se reconoce en este sentido la adopción de medidas provisionales de parte de los Estados.
Se establece en la Convención que el estatuto personal del refugiado se regirá por las leyes del país de asilo.
Puede mencionarse también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho de “asilo” y prohíbe las expulsiones colectivas de personas; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que si bien no reconoce expresamente el derecho de “asilo”, recoge el principio de la no expulsión, recogido en la Convención de 1951, y establece que:
“toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluido el propio”, y que “nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”, relacionados estos conceptos con el derecho de Aasilo ” y con la repatriación voluntaria de los refugiados.
Otros instrumentos internacionales desarrollan el derecho de “asilo” y amplían la protección internacional de los asilados tanto a nivel universal como regional, tal es el caso de la Declaración sobre Asilo Territorial de las Naciones Unidas de 1967; la Convención sobre Asilo Diplomático y la Convención sobre Asilo Territorial, ambas de 1954.
La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, desarrolla de igual manera disposiciones sobre la protección de niños y niñas refugiados. Establece la obligación a los Estados Partes de reconocer el estatuto de refugiados a los niños y niñas, brindarles asistencia humanitaria adecuada, y promover, en su caso, la reunión familiar con sus padres. También se establecen en la Convención obligaciones de protección especial a la niñez en el marco de los conflictos armados, como causas generadoras del desplazamiento masivo de la población.
Se puede mencionar, asimismo, instrumentos como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales del País donde viven de 1985, que si bien no es un instrumento específicamente elaborado para la protección de los refugiados, les es aplicable a ellos y a todo tipo de migrantes en general.
Finalmente, puede afirmarse que los refugiados -como sujetos de derechos y con personalidad jurídica propia-, son sujetos beneficiarios de la protección internacional, tanto en el ámbito universal como regional. Los refugiados, por lo tanto, son titulares de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales, es decir, de los derechos y garantías fundamentales reconocidas a toda persona a nivel internacional. En cuanto se refiere a los derechos políticos, tales como el derecho al sufragio y el derecho a ser electo como funcionario público, éstos no son ejercidos regularmente por personas que no sean nacionales del país de que se trate, por lo que los refugiados, por su condición de que no son ciudadanos del país de asilo, no son titulares de tales derechos y por lo tanto no pueden reclamar su ejercicio, a menos que la legislación nacional del país de asilo así lo permita.
Lo anterior permite afirmar que los refugiados y solicitantes de asilo al igual que cualquier otra persona sometida a la jurisdicción de los Estados Partes de los Convenios sobre derechos humanos son sujetos o titulares de los derechos civiles reconocidos a nivel internacional, e incluso, de los derechos económicos, sociales y culturales.
Cabe recordar a este respecto, que en dichos instrumentos se reconocen principios de protección, así como derechos y garantías sociales, que hacen referencia, en definitiva, al logro de la felicidad y el bienestar individual y colectivo, y a la satisfacción de las necesidades básicas para vivir en condiciones dignas. Estos derechos, libertades y garantías sociales, por lo tanto, les pertenecen por igual a los refugiados, a los solicitantes de asilo, a los apátridas y a los migrantes en general, independientemente de su condición migratoria, y deben ser garantizados y respetados por los Estados Partes y por la comunidad internacional en su conjunto.
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